El Vaticano anunció el miércoles haberse dotado de una nueva ley en materia de transparencia, vigilancia e información financieras, adaptando su legislación a las exigencias de los organismos internacionales de control. AFP
La comisión pontifical para el Estado de la Ciudad del Vaticano adoptó el lunes la ley XVIII, que se aplica a todos los servicios del gobierno central de la Iglesia y confirma las disposiciones de un decreto que ya entró en vigor el 8 de agosto por instrucción personal del papa Francisco.
El Vaticano aumentó así la vigilancia sobre sus operaciones y servicios financieros, en el marco de su cooperación con el comité de expertos europeos Moneyval en la lucha contra el blanqueo de dinero “sucio’.
La Santa Sede, que aspira a figurar en la lista de Estados irreprochables, quiere acatar los parámetros internacionales sobre transparencia, vigilancia interna e intercambio de informaciones con los organismos internacionales.
“Hemos llegado al 90% del trabajo normativo en este terreno. Por tanto lo más importante ya se ha realizado” dijo a la prensa el padre Federico Lombardi, portavoz de la Santa Sede.
Desde hace tres años, las estructuras administrativas y financieras del Vaticano –entre ellas el “banco del Papa”, IOR-, antaño opacas y que permitían la colocación de fondos de origen dudoso, están siendo sistemáticamente revisadas para ser reformadas.
Este ‘aggiornamento’ se ha acelerado con la elección del papa Francisco en marzo pasado. AFP