El gobierno usará el Cesppa (Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria) para limitar la libertad de expresión, advirtieron expertos, por lo que el gremio periodístico solicitará la nulidad del decreto ante el Tribunal Supremo de Justicia, publica El Nacional.
Hernán Lugo-Galicia / Boris Saavedra / Ender Ramírez Padrino /El Nacional
El abogado Héctor Faúndez, especialista en derechos humanos, considera que el Ejecutivo “utiliza la lógica de seguridad nacional de los años setenta y ochenta para identificar enemigos; sin embargo es muy extraño que usen estructuras de gobiernos militares de derecha, cuando ellos son civiles y de izquierda”.
La doctrina de la seguridad nacional, que identifica enemigos con criterios de guerra en sistemas democráticos, fue empleada por algunos gobiernos latinoamericanos durante la Guerra Fría y pretendía incidir en el control de la nación y silenciar la disidencia. “Cuando se califica a priori de enemigo a un ente o persona que se supone que está amparada por la Constitución, se desdibuja la frontera entre lo militar y lo civil; eso es grave”, alertó Luisa Torrealba, directora general del Ipys.
Faúndez, que coincidió en el planteamiento, considera que las informaciones que circulan actualmente en los medios de comunicación no representa una amenaza para los intereses del Estado.
“Por más agrias y duras que sean las opiniones que aparecen en los medios de hoy, son únicamente de naturaleza política y no pueden clasificarse de sensibles para la nación. Limitar el debate político atenta contra un sistema democrático. No se puede restringir el libre acceso a la información. Eso limita el debate y evita que la sociedad esté informada”, expresó.
Faúndez reconoció que es “perfectamente legitimo” que el gobierno estudie y analice información de interés estratégico; sin embargo, el problema estriba en la clasificación: “Hay información que es de interés estratégico de la nación y por ende es sensibles, pero eso no significa que sea clasificada”.
Torrealba menciona algunos casos en los que tribunales nacionales han dictado prohibición de divulgar ciertas informaciones en los medios de comunicación, además de otras medidas que considera censura previa, como la prohibición que tiene los diarios El Nacional y Tal Cual de publicar “imágenes de contenido violento, armas, agresiones físicas, sangrientas y cadáveres desnudos”, a raíz de la publicación de la fotografía de la morgue de Bello Monte en agosto de 2010. Ante el nuevo instrumento jurídico apunta que se quiere “una mayor amplitud en restringir la libertad de expresión”.
El sociólogo Oscar Lucien considera que se trata de “un paso más en el cerco rojo a la libertad de expresión”. Acusó al gobierno de pretender “imponer un modelo sin medios libres e independientes”.
Nulidad en TSJ. La Alianza por la Libertad de Expresión, que sesionó con carácter de urgencia, acordó rechazar el Cesppa por considerarlo inconstitucional. Anunció que solicitará al Tribunal Supremo de Justicia la nulidad del decreto.
la alianza incluye la directiva del CNP, el CNP-Caracas, el SNTP, el Ininco-UCV, la UCAB y las ONG Espacio Público, Expresión Libre, Ipys, Periodistas y Punto y el Comité por una Radio de Servicio Público.
El gremio periodístico recordó que en su momento exhortó al TSJ a no avalar el Cesna, constituido por Hugo Chávez hace dos años, que fue derogado por Miraflores con la iniciativa de Maduro.
La secretaria general del CNP-Caracas, Lisbeth de Cambra, informó que las 26 seccionales gremiales se adherirán a la demanda de nulidad del Cesppa y que el próximo jueves 17 tratarán las limitaciones a la prensa en un foro en Chacao, estado Miranda.
“El Decreto establece la censura previa, lo que viola los artículos 57 y 58 de la Constitución; es un instrumento que coarta la libertad de expresión, garantizada por las leyes nacionales, tratados internacionales y la Convención de Derechos Humanos”, indica la alianza en un comunicado.
Filtro militar
El mayor general del Ejército Gustavo Enrique González López fue designado director general del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, Cesppa, según Gaceta Oficial 40266. Tiene 52 años de edad y pasó a retiro en julio, pero por decreto del presidente Nicolás Maduro fue reincorporado al servicio activo el 12 de septiembre pasado.
Figuró en el puesto 45 de la promoción Antonio Nicolás Briceño en 1982. Fue compañero de promoción de Henry Rangel Silva.
Comandó la Quinta División de Infantería de Selva del Ejército, en Ciudad Bolívar.
Es jefe de inteligencia nacional desde septiembre y está a la orden del presidente de la República. Antes fue comandante general de la Milicia Bolivariana.
Durante la gestión de Diosdado Cabello como gobernador de Miranda (2004-2008) ocupó puestos importantes en ese despacho. Entre 2006 y 2008 fue presidente del Metro de Caracas. Fue removido del cargo por presuntos hechos de corrupción en la rehabilitación de la Línea 1.
Se le señala como “radical del chavismo uniformado”.