Tres meses que dejan jóvenes muertos, heridos, procesados, presos y cargos electos destituidosSentencia del Tribunal Supremo de Justicia que prohíbe protestas castiga a los más pobres
Ayer se cumplieron 3 meses del inicio de la ola de protestas que comenzó con la represión, el 4 de febrero, de una protesta que realizaban estudiantes de la Universidad de Los Andes en el estado Táchira contra la inseguridad. A partir de ese día, la escalada, tanto de protestas como de represión y criminalización de la protesta, dejó sentirse en muchos puntos del país.
Las protestas
El 12 de febrero, Día de la Juventud, fue un día clave ya que marcó la entrada en ese conflicto, que hasta entonces estaba circunscrito a estudiantes de algunas universidades, sobre todo las ubicadas en Táchira y Mérida, del llamado Movimiento Estudiantil, pero también de elementos de la llamada sociedad civil y de factores políticos que convocaron a lo que ellos llamaron “La Salida”. Ese día también marcó un antes y un después, ya que se produjeron las primeras víctimas mortales en Caracas. A partir de ahí, se extendió la protesta en diferentes modalidades y con diferentes actores. Hemos visto cierres de calles, marchas, concentraciones, acampadas en plazas y avenidas, etc. Hemos visto también intervenir en las protestas a estudiantes, vecinos, ciudadanos que se han sumado y hemos observado igualmente la actuación de elementos encapuchados en algunas de ellas y actos de vandalismo.
Represión y criminalización
Por el lado de la actuación del estado hemos podido observar en estos tres meses el uso indiscriminado de la represión, muchas veces, incluso, contra ciudadanos que no participaban en las protestas, por ejemplo vecinos que soportaron por largas horas, incluso días, los gases lacrimógenos. Hemos visto actuar, con apoyo de funcionarios uniformados, a grupos parapoliciales en el control y represión de manifestaciones y en actos intimidatorios contra ciudadanos, sus residencias y sus bienes. Por cierto, también se ha visto a funcionarios policiales y de la Guardia Nacional Bolivariana atentando contra bienes.
Igualmente el gobierno ha usado todos los instrumentos legales, que como hemos denunciado anteriormente fueron diseñados a su medida, para criminalizar el derecho a la protesta.
Balance necesario
En todo este tiempo hemos podido observar la lamentable muerte de ciudadanos, algunos asesinados por fuerzas represivas del estado, otros por fuerzas paramilitares, otros en circunstancias aún desconocidas o por aclarar, otros, víctimas de las llamadas guarimbas y también hemos visto morir a funcionarios del estado. Hemos observado además un alto número de heridos y un muy alto número de detenidos, procesados y presos.
Hemos visto cómo, valiéndose de diferentes artimañas y de la no independencia de los poderes, han sido destituidos dos alcaldes y una diputada con excusas relacionadas con las protestas, y hoy mismo hay varios alcaldes más que están en el ojo del huracán.
Y no podemos dejar pasar por alto en este balance la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que obliga a las personas a solicitar un permiso para manifestar pacíficamente.
TSJ castiga a los más pobres
En los últimos 5 años hemos reportado 21.493 protestas. Esta cifra no debe pasar desapercibida porque le da rostro a ese gran descontento social que percibimos diariamente y que va en aumento. Son los sectores populares los que más han salido a las calles a exigir y demandar sus derechos en todo ese tiempo: trabajadores, vecinos, damnificados, estudiantes universitarios, usuarios de hospitales y familiares de presos. El 80% de la protesta en nuestro país es social.
Muchas veces hemos escuchado a voceros del gobierno repetir que las protestas callejeras o en portones de empresas básicas buscan desestabilizar al país para dar un golpe de estado, propiciar una invasión extranjera o derrocar al presidente, tal y como dicen ahora a propósito de las más recientes protestas.
Las movilizaciones públicas y pacíficas de los últimos años han tenido como causa el rechazo y la denuncia a las fallas o mala gestión del gobierno o gobiernos locales, reivindicaciones laborales o exigencia de derechos, y no se ha pedido en ellas la salida abrupta o inconstitucional del presidente u otros cargos. Mientras que los que ostentan el poder no reconozcan esta situación y tomen acciones al respecto, es decir, solucionar o por lo menos aliviar los problemas de la población que reclama, en vez de coartar el derecho a la manifestación, el escenario de conflictividad social podría acentuarse.
Con esta sentencia del TSJ las cárceles se seguirán llenando de pobres.
@MarcoAPonce y @mlhccs
ConflictoVeFuente: TalCual, 5 de mayo de 2014, pág 6
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