La comunidad internacional desde hace muchas décadas ha reconocido el importante papel que juegan las y los defensores de derechos humanos en las sociedades. En 1998 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos.
La Declaración partiendo de reconocer que la promoción y defensa de los derechos humanos es un derecho y a su vez un deber de los individuos, los grupos y las instituciones indica que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.
En ese sentido la comunidad internacional estableció que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional: a) a reunirse o manifestarse pacíficamente; b) a formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, y a afiliarse a ellos o a participar en ellos; c) a comunicarse con las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales.
El contenido de esta Declaración en buena parte está recogido en el artículo 132 de la Constitución que establece como una obligación ciudadana promover y defender los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social.
De tal manera que es deber del gobierno y de las instituciones del Estado facilitar a todas las personas que cumplan su labor de defender los derechos humanos. Pero desafortunadamente el gobierno y algunos funcionarios y funcionarias de otras instituciones se han empeñado en obstaculizar el trabajo que hacen organizaciones y defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela. Progresivamente en los últimos años se ha ido implantando una política de Estado de criminalizar a las organizaciones, no solo descalificando su labor sino iniciando procedimientos penales.
Antes que comenzara el proceso político que se autodenomina revolución bolivariana las organizaciones de derechos humanos eran descalificadas con el señalamiento que defendían a subversivos y delincuentes. Desde 1999 se les descalifica acusándolas de ser financiadas por el imperialismo y ser parte de planes conspirativos. En definitiva, el Poder siempre ha enfrentado este tipo de organizaciones
Por esencia los y las defensoras de derechos humanos son críticas a los gobiernos de turno cuando se producen violaciones a los derechos humanos. Los son en Colombia como en Argentina, en Brasil como en Panamá, en Cuba como en Estado Unidos y lo somos por supuesto en Venezuela.
La lucha por los derechos humanos en buena parte es una lucha contra el abuso de poder. Es una lucha por la defensa de derechos individuales y colectivos frente a las amenazas o violaciones. Es también un esfuerzo por proponer políticas públicas para que mejore la situación ahí donde existen déficit o se fortalezcan políticas que se vienen aplicando con resultados positivos. Por eso los y las defensoras siempre apostamos al diálogo con las instancias del Estado como oportunidad para presentar propuestas.
Pero además realizamos una actividad que es fundamental: acompañamos a las víctimas de violaciones de sus derechos en sus anhelos de justicia. Un acompañamiento que no está precedido de evaluar las opiniones políticas o ideológicas de quienes sufren los abusos del poder. Con ellas nos resteamos. Les prestamos asesorías diversas y emprendemos el difícil proceso de buscar justicia en instancias administrativas y judiciales.
Cuando se obstaculiza el trabajo de las organizaciones de derechos humanos se afectan directamente a las víctimas principalmente las más pobres, siempre más vulnerables. Se afecta también a la democracia y al ambiente de convivencia pacífica que debe prevalecer en el país.
@marinoalvarado