Nada se parece a la promesa inicial. Una empresa próspera, con incremento progresivo en la producción fue el del Gobierno en febrero cuando anunció la intervención de la ensambladora de vehículos Civetchi, sobre la que el Estado tiene el 51% de las acciones. A partir de ese momento todo ha cambiado. La manufactura cayó en 92,5% y se inició una política de despidos masivos contra quienes han denunciado públicamente irregularidades en la planta ubicada en Valencia.
Johan Sarmiento lleva consigo su carnet de discapacidad ocupacional, que no le importó a la nueva gerencia para sacarlo de la nómina pese al decreto de inamovilidad laboral que existe en el país. Él fue el primero de unas 20 personas que serán cesanteadas. Sus compañeros Carlos Moreno, delegado de prevención, y Darwin Meléndez, sindicalista, fueron los siguientes.
El jueves 10 de diciembre estaban en la empresa cumpliendo sus funciones cuando el personal de seguridad les dio la orden de dirigirse a la oficina del abogado José Ramón Hernández, quien les comunicó el despido. Al preguntarle las causas la respuesta fue “no hay motivos definidos. Es una orden de Caracas”, relató Sarmiento.
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