El Jefe de la Fracción Parlamentaria de Acción Democrática en la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, aseguró este martes que debe cesar de inmediato la agresividad discursiva desde el gobierno por el bien del país.
Nota de prensa
En la solicitud de audiencia número 132 hecha a Nicolás Maduro para iniciar un diálogo nacional que contenga propuestas y acciones en beneficios de la colectividad sin distinción alguna de filiación político partidista, el diputado reelecto por el estado Lara se mostró altamente preocupado por la crisis socioeconómica nacional y la falta de atención que se le brinda desde el Ejecutivo.
“Nicolás, el camino de la violencia discursiva no es la solución inteligente. Sobre todo escenario violento priva la paz, el colapso inducido como negación de la política solo terminará sepultando los restos de lo que pudo haber sido y no fue, producto de la torpeza engendrada en la bohemia del pasado, fracasando en tumulto de manifestaciones ideológicas negadas por la historia”, expresó en el documento.
Considera el también Vicepresidente Nacional de AD que no hay más remedio que entender los cambios en el país. “Son horas para la política, la que sabe recomponer las cosas, la del habla universal, política sin los estrabismos que alimentan la turbulencia del presente. Los radicalismos expresados en la negación del diálogo, son seguidores de una confrontación entre venezolanos sin un ápice de ganar ganar, los del circo con pase de nostalgia, del aplauso efusivo detrás del cortejo fúnebre”, alertó.
Dijo además que es tiempo de dejar de lado glorias supuestas del pasado para tratar de imponer un proyecto que está desgastado y que recibió un pronunciamiento contundente del pueblo con el pronunciamiento electoral del pasado 6 de diciembre. “Cada insulto se constituye en una negación a la voluntad política y democrática para entender el mensaje enviado por el soberano pacifica, cívica y electoralmente. El único camino para perdurar en las posibilidades de un futuro político en el plano superior, está circunscrito a la lectura eficiente del mandato popular, en medio de un país insostenible con una economía demolida entre la ausencia de criterios eficientes, y para colmo de males, donde la vida no vale nada”, agregó al mencionar también el grave problema de inseguridad.
“A veces, Nicolás, es invalorable el silencio que permite el examen de reparación calificado por los ciudadanos. No es entonces el argumento violento el recurso más inmediato para dejar que el trámite de los hechos ocurra en sana paz. La palabra es solución y condena, para bien de los venezolanos aportemos para todos la solución”, agregó el diputado de la Unidad.
En el documento consignado en el Palacio de Miraflores, Edgar Zambrano abordó nuevamente el tema de los derechos humanos en el país principalmente en relación a los presos políticos y exiliados, apelando a informes de FUNDEPRO, FUNDECI, CENTRO PARA LA PAZ Y LOS DDHH – UCV, los cuales concluyen en diversas violaciones al debido proceso y aplicación de la normativa vigente, y citó lo siguiente:
“En todos los casos de los Presos Políticos venezolanos se pueden señalar elementos comunes que han llamado la atención y han despertado la preocupación por las circunstancias en las que se han realizado las investigaciones y los procesos penales; estas circunstancias presentan fundados elementos para concluir que se ha transgredido el derecho al debido proceso, tal como está reconocido en El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Código Orgánico Procesal Penal.
Como circunstancias comunes a este perfil de casos, entre los que podemos mencionar con mayor frecuencia se encuentran los siguientes:
1.- Inicio inmediato de la investigación penal después de haberse pronunciado públicamente algún alto funcionario del gobierno nacional señalando a determinada persona como delincuente y culpable de graves delitos, irrespetando el derecho a la presunción de inocencia; seguidamente el Ministerio Público y los órganos de investigaciones penales desarrollan la investigación con una diligencia que se echa de menos en otros casos.
2.- El Ministerio Público muestra un decidido y claro énfasis en presentar elementos de culpabilidad, mientras desecha todo elemento de convicción o diligencia de investigación que favorezca al investigado; lo cual desdice de su deber de proceder como parte de buena fe al que le obliga la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código Orgánico Procesal Penal.
3.- Decisiones y Sentencias condenatorias sin motivación y sin contar con los medios de pruebas necesarios para llegar a la misma, incluso con la utilización de testigos falsos.
4.- Se recurre ampliamente a medidas provisionales de privación de libertad, en abierta contravención al derecho a ser juzgado en libertad; se regresa de este modo al lamentable hábito de “detener para investigar” en vez de “investigar antes de detener”.
Recurriéndose a imputaciones de delitos con altas penas que después no pueden sostener en ulteriores etapa como la es la de juicio.
5.- Negación o retardo en la concesión de las medidas alternativas al cumplimiento de la pena una vez que se tiene el tiempo previsto legalmente para llegar a la concesión de tales medidas.
6.- Retardo procesal o acelerar el curso del juicio dependiendo de la necesidad o conveniencia del Estado venezolano.
7.- Se recurre constantemente a la amenaza de trasladar a las cárceles o internados judiciales fuera de la jurisdicción de los Tribunales, si se ejerce el derecho a la denuncia.
8.-Las autoridades judiciales y penitenciarias ejercen actos arbitrarios dirigidos a negar sin motivo alguno la solicitud de asistencia médica solicitada por el procesado.
En la mayoría de estos casos, la detención inicial ha sido de manera arbitraria e ilegal, mediante allanamiento sin las debidas garantías judiciales, lo cual ha agravado la situación de la persona detenida, porque los ha colocado en una situación de completa indefensión de lo que ha permitido que se transgredan otros derechos, como son los correspondientes a la integridad física y al trato digno.
Otro factor común se refiere a las opiniones de altos funcionarios de los Poderes Públicos distintos a los de la Administración de Justicia, en donde señalan cuales deberían ser las sentencias condenatorias que deben emitir los Jueces, e inclusive señalando cual debería ser la pena.
Observamos cada día más que se hace difícil, el acceso a recursos judiciales adecuados y efectivos, a la realización de adecuadas investigaciones y al desarrollo de las mismas en forma imparcial, seria y diligente y en un tiempo razonable; y a la persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de los autores de los hechos que motivan la investigación, cuando los familiares han realizado denuncias por violaciones a sus derechos humanos, favoreciendo en todo momento a la impunidad.”
Ante esta exposición, concluyó el jefe de la bancada del partido blanco en el parlamento, que es tiempo de aplicar las medidas correspondientes a la libertad de los prisioneros y regreso de exiliados, bandera que esgrimió la Mesa de Unidad Democrática durante toda la campaña y que obtuvo el respaldo de la mayoría del pueblo.