El caos minero que se vive en el estado Bolívar, y que este fin de semana saltó nuevamente a la palestra pública tras la desaparición de una veintena de mineros, es entera responsabilidad del gobernador de la entidad, general Francisco José Rangel Gómez.
Así lo afirmó la diputada a la Asamblea Nacional por esta región, Olivia Lozano, quien recordó que Rangel Gómez lleva doce años de gobernador, pero primero fue presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) durante cuatro años, ente que estaba encargado de otorgar las concesiones y realizar el ordenamiento minero.
“Mal puede lavarse las manos Rangel Gómez ante el caos que estamos viendo en las zonas mineras, donde con total impunidad, y bajo la mirada cómplice de las autoridades militares y policiales que él y su gobierno dirigen, operan mafias criminales que cobran vacunas y hacen millonarios negocios traficando con el oro de los venezolanos”, señaló.
De igual manera recordó que es competencia del gobernador garantizar la seguridad a todos los habitantes del estado Bolívar, “pero esta labor hace rato que Rangel Gómez la abandonó, no solo en las minas donde constantemente ocurren homicidios y masacres, sino en todas las ciudades y pueblos de nuestra región”.
“No son nuevos los casos de masacres en las minas de los municipios Sifontes, El Callao, Roscio, Piar y Angostura principalmente, ya que desde el año 2011 en estas localidades lo que impera es la ley de las balas y los fusiles, sin que a este régimen le hayan importado las muertes que allí ocurren en lo que ya es una rutina macabra, o el impacto ambiental de la minería”, apuntó.
Autoridades cómplices
La también máxima autoridad de Voluntad Popular en el estado Bolívar identificó a los principales beneficiarios del desorden existente en las minas guayanesas.
“Son precisamente las autoridades en cuyas manos recae el control de estos sectores y la autorización de acceso a los mismos, porque son ellos quienes se lucran del cobro de peajes a los mineros, en asociación con las bandas armadas que se encargan de instaurar un orden sangriento”.
“Hemos visto operativos militares y de la OLP que no han servido para solucionar el problema sino para generar más caos, extorsiones, muertes y redistribuir los territorios de los pranes en las zonas mineras de nuestra Guayana”, precisó.
Olivia Lozano rememoró que el Gobierno Nacional lleva años aplicando políticas auríferas que fracasan una tras otra, entre ellas el Plan Piar, la Reconversión Minera, el decreto 8.413 y el Plan Caura.
“Todas esas políticas fracasadas, sumadas a la crisis económica que atraviesa nuestro país y a la destrucción de las empresas básicas como fuentes de empleo, han generado una movilización masiva hacia las minas como fuente de sustento, y hasta ellas también se han dirigido las bandas criminales para meterse en ese negocio ilegal sin que el Estado venezolano haga valer su autoridad”, argumentó.
Den la cara
La parlamentaria manifestó su solidaridad con las familias de los mineros que se encuentran desaparecidos, tras la presunta acción violenta de una de las bandas que opera en el municipio Sifontes que quiso apoderarse a sangre y fuego de una bulla (yacimiento de oro recién descubierto).
“Acompañar a las víctimas de este Estado fallido en el que Rangel Gómez como caporal de finca convirtió a nuestros municipios mineros de Bolívar, no es un delito sino un deber que tenemos como diputados, y lo vamos a seguir haciendo”.
Para finalizar, Olivia Lozano exigió a la Fiscalía General de la República, a la Fuerza Armada Nacional, cuerpos policiales, y al propio gobernador Francisco Rangel Gómez, movilizarse hasta Tumeremo para dar la cara a los familiares de las supuestas víctimas, y aclarar qué ocurrió con estas personas.
“No puede ser que por teléfono desde la comodidad de su oficina Rangel Gómez diga que todo está bien, mientras decenas de familiares mantienen cerrado el paso en Tumeremo exigiendo que sus seres queridos aparezcan”, concluyó.