La Comisión Mixta de la Asamblea Nacional que estudia la Ley de la Telefonía Celular y la Internet en el interior de los Establecimientos Penitenciarios, estima que en un máximo de 30 días tendrá listo el informe para su segunda discusión y aprobación, instrumento legal que pretende acabar con los delitos que se cometen desde las cárceles del país.
Así lo informó la presidente de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano, durante la primera sesión de la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional, donde fueron recibidos los expertos en la materia penitenciaria los abogados penalistas Luis Izquiel y Fermín Marmol García, quienes contribuyeron en la realización de este proyecto legal.
La presidente de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano manifestó que el Código Orgánico Penitenciario en su artículo 107 contiene una prohibición de teléfonos celulares en los recintos penitenciarios, que no se cumple, pero ahora con esta ley, que fue aprobada en primera discusión por la Plenaria de la Asamblea Nacional, se van hacer los correctivos correspondientes para evitar que se sigan cometiendo delitos orquestados desde las cárceles del país: secuestros, robos de vehículos, extorsiones entre otras fechorías.
“El propósito de la ley es prevenir que desde el interior de los establecimientos penitenciarios del país se ejecuten delitos a través de la utilización de telefonía celular, la internet y, en general, de todos los servicios de voz y datos que ofrecen las compañías de telecomunicaciones. Así mismo se establece que el Ministerio para el Servicio Penitenciario deberá adquirir e instalar equipos destinados a inhibir, bloquear o anular de manera permanente la señal de telefonía celular y la internet en el interior de los establecimientos penitenciarios del país”.
Por su parte el presidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario, Richard Blanco, indicó que las cárceles en el país no están debidamente atendidas por el Ministerio para el Servicio Penitenciario. “En reiteradas oportunidades hemos invitado a la Ministra Iris Varela negándose a acudir a nuestro despacho con el propósito de coadyuvar en la crisis que aqueja a las cárceles y a los privados de libertad”.
Mientras que el abogado penalista Luis Izquiel manifestó que esta ley no cercena completamente el derecho a la comunicación de los reclusos. “A través de la CANTV se deben colocar teléfonos fijos en los centros penitenciarios para que los presos puedan ejercer su derecho a la comunicación externa, pero con una particularidad esos teléfonos públicos deben tener programada una grabación que indique al inicio de la llamada el nombre y ubicación del centro penitenciario, desde donde se origina la llamada. De manera que si una persona que no tiene nada que ver con penales o presos tenga la opción de no atender la llamada”.
Agregó que esta ley le va dar respuesta a todas aquellas personas que fueron víctimas del hampa desde las cárceles del país. Además le va dar un duro golpe a las “pandillas delictivas” que operan desde los centros penitenciarios. “También esto les va a cortar el suministro de dinero a los presos, que son destinados para adquirir armas de guerra, construir piscinas y montar discotecas”.
Destacó que podrán ingresar ilegalmente los celulares a los centros penitenciarios, pero no podrán ser utilizados porque serán bloqueados por los equipos que inhiben las señales de los móviles.
Por su parte Fermín Marmol García dijo que los diputados de la Comisión Mixta tienen en sus manos una ley que permitirá reducir el crimen y la violencia que se genera desde las cárceles. “Los centros penitenciarios deben de dejar de ser universidades del crimen. Este tipo de leyes han sido aprobadas en otros países y ha funcionado muy bien, se ha reducido el crimen”.
Aspira que los diputados de la alternativa democrática como los del oficialismo se pongan de acuerdo, sin sesgos políticos para proteger a la familia venezolana. Agregó que una vez que se aplique la ley que los menos que puede ocurrir en los primeros 18 meses es una reducción del 30 por ciento de los delitos, de las extorsiones, de las llamadas amenazantes, secuestros entre otros.
La Comisión Mixta quedó integrada por los diputados Delsa Solórzano, Richard Blanco, Juan Pablo García, Juan Marín, Teodoro Campos, Juan Guaidó y Mariana Lerín. Figurarán como invitados permanentes a las discusiones los abogados Fermín Mármol García y Luis Izquiel.