Las arbitrariedades del régimen venezolano se reflejan claramente en las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, sometido como todos los otros poderes públicos, al Ejecutivo, afanado en mantenerse a toda costa en el poder.
1No hay dudas, como extensamente se ha dicho, que estos actos del poder judicial de Venezuela, del máximo tribunal de justicia del país, significan una ruptura del orden constitucional. Estamos ante un “golpe de Estado” particular. Un autogolpe en el que la minoría dice representar a la mayoría y abusa de su posición de poder, desconociendo el orden jurídico y las normas internacionales relacionadas con los derechos humanos y con el ejercicio, en particular, del derecho a la democracia.
El régimen viola principios de Derecho Internacional, principios que afanosamente defiende en otros contextos. Contradicciones del Socialismo del siglo XXI. Exigen el respeto al principio de la autodeterminación de los pueblos y lo violan.
Los venezolanos, como pueblo, hemos decidido un destino político al votar el 6 de diciembre lo que confirman todas las encuestas.
Más del 75 por ciento de los venezolanos quieren y exigen un cambio de rumbo. Esa decisión de construir nuestro propio destino que es protegido por el Derecho Internacional es ignorada por quienes hoy detentan el poder.
Todo esto nos lleva a la conclusión de que es necesaria la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, para lo cual se le ha pedido al Secretario General de la OEA que proceda y convoque una reunión de ministros de relaciones exteriores para que examine la cuestión y adopte las medidas necesarias para que se restaure el orden constitucional en el país y para que los venezolanos puedan ejercer libremente el derecho que tenemos a vivir en democracia.
El Secretario General aguarda una solicitud formal de la Asamblea Nacional aunque tiene sin duda facultades para convocar la reunión sin que medie tal solicitud de los venezolanos.
El tratamiento del tema y más aún las conclusiones de la reunión no serán fáciles. Antes de las sanciones que tanto temen algunos, habrá esfuerzos de mediación siempre y cuando desde luego los Estados de la región decidan solicitarlo al Secretario General quien seguramente participará en el proceso.
La posición de los países no es fácil de predecir, incluso la de un Brasil golpeado internamente ante el enjuiciamiento seguro de la presidenta Rousseff. Los gobiernos democráticos apoyarán aunque seguramente con cautela toda iniciativa que tienda al restablecimiento del orden constitucional, al cese de la violencia y el enfrentamiento que además de crear una situación de inestabilidad peligrosa en Venezuela, tendrá repercusiones en toda la región.
Los venezolanos esperan que la comunidad internacional actué y favorezca la democracia, un mandato que tiene claramente definido la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. Hay muchos acontecimientos en la región que van a incidir directamente en el proceso venezolano. Las elecciones en el Perú, el juicio de Rousseff, las acusaciones y el desprestigio del Kirchnerismo (chavismo) en Argentina, el fracaso de Santos en el proceso de paz con las FARC, la impopularidad creciente de Correa, el desarrollo de los procesos judiciales por narcotráfico en los EE.UU. contra la familia Rosenthal en Honduras y las eventuales vinculaciones que éste tendría con el expresidente Manuel Zelaya y su entorno, los señalamientos en contra de Ortega y su familia en Nicaragua que apuntan a un eventual proceso para determinar responsabilidades por graves delitos de corrupción. No es un panorama fácil, pero ¿quién dijo miedo?…
@CarmonaBorjas