Horas después del emplazamiento del Presidente Sebastián Piñera a avanzar en la agenda legislativa impulsada por el gobierno para restablecer el orden público, en el Congreso senadores de oposición y el oficialismo iniciaron una ronda de conversaciones para abordar la compleja escalada violentista vivida la noche del martes y sondear las posibilidades de concordar una declaración conjunta.
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Aunque las tratativas fueron por momentos tensas y complejas, indica la reseña del diario La Tercera, al final de la tarde los parlamentarios lograron suscribir un texto donde todos se comprometen a avanzar en la agenda de seguridad, fortaleciendo las facultades del gobierno para enfrentar “los saqueos, barricadas y la acción violenta de delincuentes” y donde, además, se reconoce que el “Presidente de la República dispone de las herramientas constitucionales para restablecer el orden público y la seguridad del país”.
Este último punto fue justamente el que generó más controversia entre los firmantes del documento, que fue bautizado como “Declaración por la Paz Social, los derechos humanos y el orden público”. Desde la oposición señalaron que en medio de las conversaciones el oficialismo buscó incluir un respaldo explícito al Presidente Piñera en caso de que las circunstancias hiciesen necesario decretar nuevamente un estado de excepción, pero que finalmente primó destacar solo el reconocimiento de las atribuciones constitucionales que tiene el Mandatario para velar por el orden público.
En la declaración -suscrita entre otros por Felipe Kast, Andrés Allamand, Manuel José Ossandón, Ena Von Baer, José Miguel Insulza, Carolina Goic, Felipe Harboe, Jaime Quintana y Pedro Araya- se condena y alerta sobre los riesgos de la violencia para la institucionalidad del país y el estado de derecho, como también se ratifica la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos.
“El país enfrenta una crisis de violencia y vandalismo que amenaza nuestra democracia”, es la frase con que parte el texto, para más adelante hacer un mea culpa por la actuación que ha tenido la clase política.
“Llevamos semanas llegando tarde y con medidas insuficientes. Todos hemos llegado tarde, hemos fallado, no hemos estado a la altura (…) aún es tiempo de hacer lo correcto, debemos asumir con coraje nuestra responsabilidad y evitar que el vandalismo quiebre nuestra democracia y la convivencia entre nosotros”, se señala.
La declaración finaliza con cuatro puntos. En el primero se insta al gobierno a implementar una “agenda social profunda” y con “cambios estructurales” para enfrentar las desigualdades, mientras que en el segundo hace referencia a la agenda en seguridad.
“Avanzaremos resueltamente en la agenda legislativa de seguridad que incluye proyectos que permiten reformar las policías, inteligencia y fortalecer las facultades del Estado para enfrentar los saqueos, barricadas y la acción violenta de los delincuentes”, se lee.
En el punto tercero, se hace un llamado al gobierno, el ministerio público y los tribunales a usar “todas sus herramientas legales vigentes para identificar y sancionar” a los responsables de los desmanes. Mientras que el cuarto alude a las facultades constitucionales del Mandatario.
El llamado de Piñera
Pasadas las 9.00, el Presidente Piñera cruzó por el patio de La Moneda a uno de los salones del Ministerio del Interior. Esto, con el objetivo de encabezar un encuentro con varios ministros y subsecretarios para analizar la jornada de la noche del martes, que fue calificada por el gobierno como “crítica” y muy similar a lo que denominaron como “viernes negro” del 18 de octubre, cuando se inició el estallido social y se decretó estado de emergencia.
En la cita, el Jefe de Estado analizó los hechos de violencia -que, según el balance de la Subsecretaría del Interior sobre la jornada del martes hasta la mañana de hoy, ascendieron a “99 eventos graves”- y la necesidad de comprometer a la oposición para sacar adelante una agenda de seguridad mediante un acuerdo, algo que Piñera intentó concretar el lunes -sin éxito- en una reunión con los tres poderes del Estado.
Según fuentes de gobierno, el Mandatario les dijo a las autoridades que deben estar enfocadas ciento por ciento en restablecer el orden público. “Estamos contra el reloj”, recalcan en el Ejecutivo.
Tras la reunión, pasadas las 13.00 el Presidente dio un punto de prensa donde puso presión al Congreso llamando a aprobar las medidas de esta agenda. “Deben transformarse ahora, en cuestión de días, en leyes de la República”, dijo.
Las iniciativas que busca impulsar el Mandatario en esta área son siete: modernización de Carabineros; fortalecimiento del sistema de Inteligencia; las leyes antiencapuchados, antisaqueos y antibarricadas; el estatuto de protección a las policías, y el mensaje que ingresó el martes para permitir que las Fuerzas Armadas puedan proteger infraestructura crítica sin necesidad de decretar estado de excepción. Y como medida de presión, el Ejecutivo aplicó discusión inmediata a cinco de ellas, y a otras dos les puso suma urgencia, mientras que, en paralelo, un grupo de diputados y senadores de Chile Vamos hizo hoy un llamado a condenar la violencia y a aprobar los proyectos.
En medio de este escenario, anoche se citó a una sesión especial en el Senado para ver un proyecto antiencapuchados que es impulsado por un grupo de parlamentarios de oficialismo y oposición. La sesión aún continuaba hasta esta noche.
En el gobierno admiten estar complicados y preocupados porque -dicen- no ven que la “calle se calme”. Y recalcan que haber optado por el camino del diálogo -cuando se decidió no recurrir a los militares nuevamente el 12 de noviembre- surtió efecto en un inicio, pero que han visto poca colaboración de la centroizquierda.
Hoy, en todo caso, desde ese sector se difundió una declaración firmada por los presidentes del PPD, Heraldo Muñoz; del PS, Álvaro Elizalde; del PR, Carlos Maldonado, y de la DC, Fuad Chahin; además del diputado del Partido Liberal Vlado Mirosevic, donde se plantea una condena a la violencia y la necesidad de reformar las policías y mejorar los sistemas de inteligencia.
En este contexto, Blumel ha intensificado los contactos con personeros de la oposición, entre ellos, el presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), y su par de la Cámara, Iván Flores (DC), para amarrar un acuerdo “urgente”, haciendo hincapié en que la situación no da para más y que la mejor señal en este momento es que todos los poderes del Estado firmen el acuerdo por la paz que les presentó el lunes el Mandatario.