Se calcula que en 2022 había unas 7.000 compañías privadas del país asiático, y que entre 20 y 40 de ellas operaban en el extranjero, hasta en 40 países.
Por infobae.com
La enorme expansión de la implicación global de la República Popular China (RPC) y sus empresas en las dos últimas décadas ha generado la correspondiente necesidad de proteger las operaciones y el personal chinos en los entornos peligrosos en los que a veces operan. La conciencia de estas necesidades de protección entre el público chino tuvo su máxima expresión en las películas “Wolf Warrior”, en las que ciudadanos chinos que trabajan en el extranjero se ven amenazados por mercenarios extranjeros y deben ser rescatados. La necesidad de evacuar a ciudadanos chinos de Libia en 2011 y de Yemen en 2015 debido a la agitación política en esos países, así como los recientes ataques contra ciudadanos chinos en Pakistán, pusieron de relieve el imperativo de la RPC de proteger a su pueblo, así como sus crecientes capacidades militares y de otro tipo para hacerlo. También ilustró cómo el deseo de la RPC de proyectarse como respetuosa de la soberanía de otras naciones, reflejado en sus Libros Blancos de Estrategia Militar de 2015 y Estrategia de Defensa de 2019, restringe sus opciones de acción militar oficial.
Las empresas con sede en la RPC han respondido a estos riesgos para sus operaciones en el extranjero mediante una combinación de trabajo con las autoridades locales y la contratación de empresas de seguridad privada (PSC). En los últimos años, las empresas de seguridad privada han comenzado a formarse en la RPC para apoyar operaciones tanto en el país como en el extranjero. La proliferación de las empresas chinas de seguridad privada se ha basado en la presunción de que la familiaridad cultural, el idioma común y las relaciones con los compatriotas chinos proporcionarán a estas empresas una ventaja sobre las empresas chinas que necesiten protección.
e calcula que en 2022 había unas 7.000 empresas chinas de seguridad privada, y que entre 20 y 40 de ellas operaban en el extranjero, hasta en 40 países.
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El alcance de las empresas chinas de seguridad privada es amplio, y abarca desde empresas que venden principalmente sistemas de vigilancia electrónica, pasando por consultoría, hasta el suministro de personal armado sobre el terreno para defender físicamente a personas y bienes chinos. En general, el despliegue chino de empresas de seguridad privada ha sido más amplio en Asia y, en menor medida, en África, donde su familiaridad con las prácticas culturales locales es mayor y los gobiernos locales son relativamente maleables. En los países más desarrollados y en América Latina y el Caribe, las empresas de seguridad privada se han visto más limitadas por su falta de experiencia, en competencia con empresas establecidas y bien dotadas de recursos con conocimientos para trabajar dentro (o alrededor) de las leyes locales.
A pesar de estas limitaciones, la creciente presencia de empresas con sede en la RPC en América Latina y los problemas de seguridad que han experimentado allí crean una demanda inherente de empresas chinas de seguridad privada. Desde 2000, según la respetada red académica América Latina-China, las empresas chinas han invertido más de 184.000 millones de dólares en América Latina y el Caribe en 600 proyectos.
Las empresas chinas que operan en los sectores del petróleo, la minería, la construcción y otros se han visto continuamente acosadas por problemas de seguridad. Algunos ejemplos destacados son la toma por manifestantes del control de un yacimiento petrolífero operado por China en noviembre de 2006 en Tarapoa (Ecuador), los ataques y la toma de rehenes chinos en el yacimiento petrolífero Emerald Energy en Colombia en 2011, la violencia habitual relacionada con protestas y actividades delictivas en las minas Shougang, Río Blanco y Las Bambas operadas por China en Perú, ataques que obligaron a Sinohydro a suspender la construcción de la presa Patuca III en Honduras, numerosas huelgas contra proyectos hidroeléctricos y de construcción de carreteras chinos en Bolivia y, más recientemente, la violencia que obligó a la empresa Zijin, con sede en la RPC, a cerrar sus operaciones en la mina de oro de Burtica y a Emerald Energy, de propiedad china, a suspender sus operaciones petrolíferas en Colombia en 2023, por nombrar solo algunos ejemplos. Con el actual deterioro de las condiciones económicas, el aumento de la violencia y las protestas sociales en toda América Latina, además de la creciente presencia de China en la región en el entorno posterior a la guerra de Chechenia, es probable que los problemas de seguridad para las operaciones de la República Popular China en la región sigan aumentando en un futuro próximo.
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