Momentos de tensión se vivieron la mañana de este jueves 18 de abril en las instalaciones del Centro Comercial Ciudad Alta Vista II en Puerto Ordaz, al sur de Venezuela, cuando se intentó hacer la toma de posesión por parte de la junta directiva legítima electa en agosto de 2023 y de los que son propietarios de la empresa Herrasmtap C.A.
Pableysa Ostos / Corresponsalía lapatilla.com
Varios de los socios pertenecientes a esa nueva junta directiva estuvieron acompañados de sus abogados Germán Caballero, Leonardo Mata y Robnny Gutiérrez, una jueza del tribunal y organismos de seguridad, pero los representantes de la antigua junta (que se mantienen en posesión de los bienes), les impidieron el acceso a las oficinas administrativas del centro comercial.
El abogado Germán Caraballo declaró que “lamentablemente, no ha podido materializarse una transición pacífica. Una junta directiva legítimamente electa, a la que fue derogada en asamblea por mayoría de accionistas. Hemos realizado todas las gestiones posibles para que ello se pueda materializar y, lamentablemente, hay una suerte de resistencia a la entrega y, muy especialmente, a la rendición de cuentas muy precisa, como lo debe hacer cualquier administrador”.
“En este momento estamos dejando constancia, a través de una inspección ocular, de que nuestros representados nunca han renunciado a su derecho a ejercer los derechos de propiedad y posesión, tanto de las instalaciones físicas de las empresas, como a los frutos civiles que producen los locales comerciales que aquí funcionan. Ha sido harto complicado el poder tener acceso a ello de una forma normal y tranquila. Ha habido resistencias a prácticas de auditoría, ha habido, por supuesto, actuaciones judiciales que tienen un entramado muy complejo”, sumó Caraballo.
Señalaron que la disputa legal tiene casi 10 meses. Pero no es solo el C.C. Ciudad Alta Vista II, también el C.C. Ciudad Alta Vista I y el C.C. Trébol 3. Uno de los afectados en estos centros comerciales relató que “ellos fueron a las tiendas y le dieron a los locatarios, o sea, pidieron reunirse con ellos, diciendo que iban a subir los alquileres. Pero ¿qué pasa? En ese momento estábamos en pandemia y ellos no podían subir alquileres”.
“Le dijimos que no podíamos pagar ese alquiler que ellos querían, porque era de 60 dólares, de 70 dólares que pagábamos, a 500 dólares o algo así. Una locura, pues, aparte cerrado. Y nos dijeron que si no queríamos pagar el alquiler, teníamos que desalojar. Y nosotros tenemos 20 años ahí. Entonces, le dijimos que nosotros no vamos a desalojar, pues que cuando termine la pandemia, nosotros nos ponemos al día con el alquiler y ya”, relató Jesús Elías, quien era propietario de un negocio en el Trébol 3.
Desalojados
Pero su pesadilla continuó y luego los llamaron a una reunión. “Nos enseñaron en el propio negocio, fueron para allá, un documento del tribunal que decía que nosotros no estábamos abiertos (…) él no me dejó revisar el documento. La cosa es que tenía que desalojar, y yo le dije que ese documento no puede ser legal, porque nosotros no podemos desalojar. Hay una orden presidencial de que en pandemia no se puede botar a nadie. En ese momento no se podía desalojar a nadie, y ellos nos dijeron que sí, que eso no importa, que el tribunal decidió eso, o sea que el tribunal pasó por encima del presidente”.
“Nosotros tenemos 20 años ahí y nos toca, por ley, uno o dos años de gracia, pagando el mismo alquiler que estábamos pagando, y nos dijeron okey si no queremos irnos. Eso fue un sábado; al día siguiente, el domingo, me llama la gente de mantenimiento y me dicen: ‘mira, ven a buscar tus cosas que te abrieron el negocio’. Cuando llego, está la gente del condominio sacando todas mis cosas, sin mi permiso, me rompieron la cerradura, sacaron todo, hay cosas que se me rompieron, cosas que no aparecieron, partes de mi computadora no estaban, y bueno, ellos me guardaron también unos vidrios, porque me dijeron que me llevaran mis cosas. Entonces después los vidrios no aparecieron, unos vidrios grandes, y nada, me sacaron así”, denunció Elías, quien tramitó también su denuncia en la Fiscalía de Puerto Ordaz, pero sin respuestas.
Unas 300 familias afectadas
Por su parte, Iván Frischi, uno de los propietarios y quien pertenece a la junta directiva constituida en agosto de 2023, catalogó de “terrorista” a la antigua junta que se mantiene en el control de los centros comerciales.
“Necesitamos auditar, urgentemente, lo que está pasando aquí, porque se han dado diferentes casos y eso nos alarma. El primer caso comenzó cuando el decreto presidencial del presidente Nicolás Maduro donde se prohibía que se desalojaran inquilinos. Esta mala administración de forma autócrata, individual, sin consulta con ninguna de las partes involucradas, con propietarios y junta directiva, tomó acciones de carácter terrorista, se podría decir terrorista”.
Sumó que hubo desalojos que afectaron a unas 300 familias entre este centro comercial y otras propiedades que ellos administran. “Estamos buscando que se investigue eso. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y por eso nosotros constituimos una nueva junta directiva para limpiar nuestra cara. Nuestra cara de empresarios que tenemos 50 años trabajando por esta ciudad y no puede ser posible que una minoría tome el control de unos centros comerciales y haga lo que le dé la gana a la cara de todo el mundo”.
Después de varias horas afuera de las oficinas, no permitieron el ingreso de la jueza ni de los directivos.