La justicia de Curazao ratificó la sentencia que obliga a un banco de la isla a reembolsar los fondos a una empresa que asesoraba a una contratista de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y que fueron congelados como consecuencia de los manejos que esa entidad llevaba a cabo en un banco corresponsal de Puerto Rico.
Por Javier Ignacio Mayorca | Crónicas del Caribe
El Tribunal Conjunto de Justicia de Aruba, Curazao, Bonaire, Sint Maarten, San Eustaquio y Saba desechó la apelación formulada por los apoderados legales del SouthAmerican International Bank of Curacao NV (SAI-Bank) a una sentencia emitida en primera instancia, que lo obliga a entregar todo el dinero que le confiaron las firmas Asociada de Consultoría y Servicios SA (CSA), Consultoría y Servicios Asociados LTD, registradas respectivamente en Suiza e Islas Vírgenes Británicas, así como un venezolano a título individual, que solo fue identificado como Jean Pierre.
De acuerdo con los registros judiciales, tanto las empresas como este venezolano guardan una relación. El hombre sería el beneficiario final de lo negociado a través de las compañías. Todas fueron representadas por el mismo grupo de abogados.
En 2015, CSA entabló un “acuerdo de consultoría” con la firma tailandesa Tipco Asphalt Public Company LTD. El propósito esencial de la consultoría, tal y como lo reconocieron en el curso de este litigio, era asistir “en las negociaciones y compra de petróleo de la empresa estatal venezolana Pdvsa”.
El acuerdo entre CSA y Tipco fue ampliado en 2018. Con esta decisión, las empresas registradas en Suiza e Islas Vírgenes, así como el venezolano, optaron por abrir cuentas en el banco de Willemstad.
Ese año, el Departamento del Tesoro de EEUU implantó un conjunto de sanciones al régimen de Nicolás Maduro, que abarcaban a Pdvsa y otras estatales.
Para mediados de 2019, Tipco había pagado a CSA 4,3 millones de florines (2,38 millones de dólares), utilizando al Italbank de Puerto Rico, que operaba como banco corresponsal del SAI Bank.
Italbank detectó que las partes involucradas podían relacionarse con el chavismo, lo que ponía a esa entidad en riesgo de sanciones por el Tesoro estadounidense. Solicitó más información al SAI Bank, y al confirmar sus sospechas bloqueó los saldos del SAI.
Simultáneamente, CSA y el contratista venezolano exigían al banco de Curazao el reintegro de su dinero. Los registros del caso indican que sumaban en total 1,5 millones de dólares.
En el curso del proceso, SAI Bank alegó que fue engañado por CSA. Para probarlo, entregaron al juzgado una carta del 9 de febrero de 2019, en la que estas compañías aseguraban que no mantenían “ninguna relación comercial directa o indirecta con organismos gubernamentales venezolanos o empresas venezolanas o empresas mixtas venezolanas”. Pero la justicia de la isla no admitió ese argumento.
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